La manera en que fue ejecutada, cuando se supone que la seguridad pública de Río experimentaría algún alivio a raíz de la intervención militar, conmocionó al país y puso de relieve la situación de abandono y descontrol absoluto en que vive la población. Y más: desafía frontalmente la medida adoptada por Temer y, como contundente reflejo, también a los militares encargados de darle combate a la violencia.

Dos días antes de que la intervención militar decretada por Michel Temer en Rio de Janeiro cumpliese un mes, el asesinato de la concejala Marielle Franco y su chofer Anderson Gomes sacudió al país.
         Hubo manifestaciones masivas en Río y en muchas otras ciudades. En las redes sociales, la ejecución de la concejala fue tema dominante.
         Franco tenía 38 años y ejercía su primer mandato político. Su trayectoria ejemplar –negra, nacida y criada en una favela de violencia y miseria, madre a los 18 años, logró un diploma de ciencias sociales y un doctorado en administración pública– la diferenciaba de sus pares en la legislatura de Río. En sus escasos quince meses como concejala se destacó por la intensa defensa de los derechos más elementales de sus congéneres, violados un día sí y el otro también.

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